$2.1 millones fue lo que se lucro empresa de expresidente de ARENA
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, informó sobre la desarticulación de una estructura del crimen organizado, arraigada en el Ministerio de la Defensa Nacional del gobierno del FMLN, vinculada a exfuncionarios y empresarios que generaron perjuicio de la administración pública por un monto superior a los $2.1 millones.
“Este día hemos dado un duro golpe a las estructuras que se lucraban de crimen organizado que se lucraban de dinero del pueblo salvadoreño (…), según las investigaciones esta persona forma parte de una red a la que pertenecían exfuncionarios del Ministerio de Defensa, esta red se dedicó a obtener lucro personal a costa de las arcas del Estado”, informó Rivas.
En la operación fueron capturados el exministro, David Munguía Payes, el exviceministro de Defensa Nacional José Atilio Benítez, por los delitos de Peculado, Actos Arbitrarios y Falsedad Documental Agravada en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
Además, fue detenidos los empresarios Gustavo López Davidson, expresidente del Consejo Ejecutivo de ARENA. Además, fue detenidos Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de los delitos de Peculado, en su calidad de Cómplices Necesarios.
Así mismo, se ha girado orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de Cómplice Necesario y por Falsedad Documental Agravada.
El ministro detalló que los imputados, mediante un contrato de permuta con el Ministerio de Defensa, obtenían armas en buen estado y entregaban armamento defectuoso. “Los peritos evaluadores les colocaban un costo de $30 a $50 y por tanto estafaron al Estado Salvadoreños en un ponto que asciende a más de $2 millones”, añadió Rivas.
Las detenciones ocurrieron, tras una investigación de más de nueve meses, después que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara en noviembre del 2019 al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, acudiera a la FGR a establecer una demanda, por los delitos en perjuicio de la administración pública, tras la firma de contratos de permutas con la sociedad CENTRUM, cuyo representante legal era Gustavo López.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) detallan que el contrato sostenía que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00.
A cambio, la sociedad CENTRUM entregaría dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas y una engrasadora automática a presión.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa entregó armas nuevas: 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
