Según se comprobó la casa tenía pisos desnivelados, cañerías podridas, paredes arenosas, y techos en mal estado. Los propietarios reclamaron pero a cambio la empresa cambió chapas y sacó las pertenencias de la familia yendo a tirarla frente a las oficinas donde trabajaban los esposos que reclaman $50,000 por daños.
La familia Paz Juárez se verá las caras este miércoles con los representantes de la sociedad Salazar Romero, a quienes acusan de los delitos de allanamiento de morada, ejercicio violento del derecho y daños agravados. La empresa, por su parte, señala que durante un año, los demandantes «nunca cancelaron las cuotas» acordadas y que además «entregaron a la empresa un cheque sin fondos».
El tribunal Quinto de Instrucción ha programado para este miércoles la audiencia preliminar en este caso en el que los ofendidos responsabilizan a la empresa constructora del daño de sus pertenencias y de construcciones no autorizadas en perjuicio de la comunidad.
De acuerdo al requerimiento fiscal, a inicios de 2014 los Paz Juárez firmaron contrato con la empresa para adquirir una casa en el proyecto Metrópoli San Gabriel, en San Juan Opico, valorada en $94,354, misma que les fue entregada en marzo de 2014.
La familia llegó al inmueble con la alegría que representa estrenar la vivienda; sin embargo, a solo dos días de habitarla, cayó una fuerte lluvia que dejó al descubierto los daños que tenía: filtraciones de agua en el techo, inundaciones y tuberías tapadas porque no tenían la profundidad reglamentaria. Así también, un estudio técnico constató una mala nivelación de los pisos ya que el agua en vez de correr hacia fuera, lo hacía en dirección a la habitación principal, lo que provocaba que se inundara.
Los males no pararon ahí, pasados otros días comenzaron a sentir malos olores al interior de la vivienda producto de una deficiencia en la cañería; posteriormente, cuando perforaron la pared para poner un aire acondicionado, se desprendió un pedazo de muro que tenía consistencia arenosa.
Reclamaron y la empresa los sacó de la casa
Según el expediente judicial, debido a todas las dificultades que vivieron, los Paz Juárez optaron por reclamar a la empresa, que en todo momento los desoyó, por lo que los moradores decidieron dejar de pagar las cuotas mensuales estipuladas (Salazar Romero obliga a los compradores a adquirir el crédito con ellos y no con la banca tradicional). La empresa, en su defensa, argumenta que la familia vivió un año de gratis, sin pagar una sola mensualidad.
A los abogados de Salazar Romero no les cayó en gracia que uno de sus clientes se negaran a pagar, por lo que un día entraron al inmueble, cambiaron las chapas de las puertas para que los esposos no pudieran entrar a la vivienda y además sacaron las pertenencias de la familia y las “fueron a tirar” frente a la empresa en la que trabajaban, ocasionando daños en muebles y línea blanca.
Según la compañía, hubo un acuerdo con el cliente para «el retiro de los bienes muebles» de la vivienda.
Luego de estos hechos llamaron por teléfono al propietario para notificarle que la casa había sido desalojada y recuperada legalmente. Sin embargo, el expediente judicial señala que al ser consultado el juez de lo Civil de Apopa si había alguna demanda contra las supuestas víctimas, este dijo que no.
Por dicha arbitrariedad cometida, la familia llevó el caso hasta la justicia salvadoreña y exige $50,000 en concepto de responsabilidad civil, pero Salazar Romero dice que no puede pagar esa cifra porque los daños reportados están calculados en $5,000.
Los procesados en este caso son David Alexis García Rodríguez, Roberto Antonio Menjivar, Mario Orlando Juárez Echeverría, Carmen Salazar Landaverde, Rosa María Romero de Salazar y José Raúl Salazar Landaverde, todos representantes de la Sociedad Salazar Romero.
«No pagaron durante un año y dieron un cheque sin fondos»
En su defensa, la firma constructora mediante un comunicado expuso que los supuestos afectados «nunca canceló las cuotas acordadas por la vivienda en cuestión. El único pago que efectuó por la misma fue un monto de $705 en concepto de prima por una vivienda valorada en $86,000».
En el escrito se lee además que la familia intentó hacer un pago de $1,621 con un cheque sin fondos y que al observar esas conductas se notificó sobre acciones legales. Los esposos «optaron por la devolución de la vivienda, firmando un documento que avalaba la devolución oficial y legal de la misma, así como el retiro de los bienes muebles». Sin embargo, señalan que no fue la empresa la que sacó los muebles de la casa, si no los mismos inquilinos.
