El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, reaccionó hoy a la condena de 133 años de prisión para el excoronel Inocente Montano, por la masacre de cinco sacerdotes españoles, perpetrada en 1989 en la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA).
Consideró que apenas comienza a hacerse justicia en el caso y que aún faltan muchas otras personas qué procesar, entre ellas el diputado Rodolfo Parker, del PDC, contra quien existen señalamientos de haber encubierto el crimen.
“Esa herida, de alguna manera, está llegando a obtener justicia, sé que hay varios elementos por conocerse, hay señalamientos en contra del diputado Rodolfo Parker, vamos a ver qué va a pasar con esto”, manifestó en la entrevista de Noticiero Hechos.
Castro enfatizó que este tipo de delitos “no pueden quedar impune” y que todas las personas que tuvieron cualquier grado de participación en el crimen deben ser juzgados y condenados.
En otro tema, habló sobre la sanción y publicación del decreto que avaló parte de las asignaciones presupuestarias del préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos de @FOMILENIOII y apoyar otros sectores.
Resaltó que “el Presidente Nabib Bukele hizo un análisis a las necesidades y prioridades del país”, y ponderó los más de 36 proyectos contemplados dentro de FOMILENIO II, así como la situación de los veteranos y excombatientes del conflicto armado
El funcionario recalcó que los diputados han negado en reiteradas ocasiones los fondos que el Ejecutivo ha solicitado para la compra de insumos de primera línea requeridos para el Hospital El Salvador y la asignación aprobada el pasado 9 de septiembre fue solo para salarios del personal médico.
También explicó la deuda histórica con veteranos y excombatientes e indicó que esta administración ha dado el reconocimiento que el sector merece; sin embargo, el bloqueo del Legislativo provocó un retraso en el pago de las pensiones debido a que no aprobaban los fondos requeridos para solventar dicho compromiso.
El integrante del equipo legal de Presidencia lamentó que los diputados hayan nieguen los fondos para atender la crisis que atraviesan micros, pequeños y medianos empresarios, afectados por la pandemia y hayan priorizado asignar los $75 millones para las alcaldías, sin solicitarles un informe del uso de los recursos.
«La Asamblea Legislativa está en un año preelectoral dando todo el dinero posible a las alcaldías que son de ARENA y el FMLN» y sostuvo que esos fondos podrían ser utilizados con fines electorales. Lamentó que “para las alcaldías sí existe emergencia por COVID-19 y para el Ejecutivo no”, según la visión de los legisladores.
Pese al recurrente bloqueo, Castro dijo que el Gobierno salvadoreño continuará insistiendo en la aprobación de los fondos restantes de los $250 millones, de los cuales solo fueron autorizados $197.4 millones para FOMILENIO II, alcaldías y veteranos.
“Hago un llamado a los señores diputados a que nos ubiquemos, que apoyemos a la población que tanto lo necesita en estos momentos (…) No podemos darnos el lujo, en este momento, de perder ese dinero”, reiteró y añadió que existen organismos internacionales que están en la línea de apoyar al país.
Respecto al análisis para realizar una reforma constitucional, indicó que el vicepresidente Félix Ulloa ha sido designado para encabezar este esfuerzo con el fin de establecer modificaciones que lleven a «tener realmente un cambio estructural en nuestro país».
Negó que con las reformas constitucionales se busque que el Presidente Bukele pueda reelegirse y que existe morbo en torno al tema, impulsado por sectores que quieren distorsionar el tema. Resaltó que la Constitución de la República no ha sido modificada desde 1,983 y la actual coyuntura ha dejado al descubierto la necesidad de modernizarla.
Finalmente, reiteró que el actual Gobierno no ha pactado con las pandillas, como lo hicieron las administraciones anteriores, y su enfoque ha sido en un plan integral de seguridad, que ha está llevando tranquilidad a las familias salvadoreñas.
“Que la Fiscalía General de la República investigue es bueno para que vean que la estrategia es en pro de la población», subrayó.
