La Comisión ad hoc que estudia los hechos ocurridos el pasado 9F al interior de la Asamblea Legislativa, acordó citar para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 2 de la tarde, al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a fin de que explique los aspectos relacionados con dicho evento.
Tras reproducir los videos presentados por la seguridad institucional del Congreso, el diputado Portillo Cuadra (ARENA) externó que queda clara la presencia, participación y coordinación del titular de la PNC. “Es importante citarlo para que amplíe sobre algunos conceptos que expresó en esa oportunidad, con el propósito de que la población salvadoreña tenga claridad sobre la finalidad de ese operativo”, sostuvo.
Por su parte, Schafick Hándal (FMLN) recomendó que se elabore un listado con los nombres de otros funcionarios del Gobierno que también aparecen en los videos para citarlos y que den explicaciones. A su criterio, fue un acontecimiento planificado. “Fue un operativo que tenía un objetivo bien definido, no es que fue convocada de un día para otro”, externó.
Asimismo, el diputado Rodolfo Parker (PDC) remarcó «la importancia de proteger la institucionalidad del país», al mismo tiempo enfatizó que el trabajo de esa instancia consiste en no permitir que un hecho similar se vuelva suscitar.
Para los parlamentarios, durante el asalto al Parlamento salvadoreño, también se pudieron haber cometido algunas violaciones a los periodistas que cubrieron el evento, por tal motivo la diputada Dina Argueta (FMLN) pidió que se compartan algunos videos con la Comisión Especial que investiga expedientes de acoso a periodistas.
Las acciones en cuestión hacen referencia al ingreso de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden y de la Policía Nacional Civil (UMO), al Salón Azul, sin ningún tipo de autorización.
En esta irrupción también entró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien había llegado a solicitar la aprobación de un préstamo por $109 millones que servirían para financiar la fase III del Plan de Control Territorial impulsado por el Ejecutivo.
