La Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento fiscal contra el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson y los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el general Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera, acusados de estafar a la Fuerza Armada de El Salvador con una permuta de armas de fuego.
El documento fue presentado en el juzgado de Paz de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y hasta donde fueron llevados cuatro de los imputados.
La Fiscalía señala a todos los imputados por los delitos de peculado y por falsedad documental agravada.
La investigación en contra de los sujetos inició luego que el Presidente Nayib Bukele denunciara a Gustavo López Davidson, que en ese momento era la máxima autoridad del Consejo Nacional del Partido ARENA, por estafar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la realización de una permuta de armas de fuego.
Por este motivo el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República para que iniciara el proceso investigación sobre este caso. Nueve meses después de esa denuncia, la Fiscalía ordenó su captura y del resto de los señalados.
“Dijeron que era mentira. Dijeron que era persecución política. Que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron, quien sabe cuánta gente inocente. Pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses, dirigía la organización criminal ARENA”, escribió en su cuenta de Twitter el Presidente Nayib Bukele tras conocer la captura de López Davidson.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Gustavo López Davidson es el representante legal de la empresa Centrum S.A de C.V., y es señalado de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de $2,051,893.00 en un contrato de permuta de armas.
En su momento el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, explicó que la denuncia que se presentó a la FGR incluyó una serie de documentos y facturas que hace constar el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum, mismo que “está viciado” desde que se inició en 2013, en el gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
El abogado de la Presidencia detalló que, al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal. Expuso que estaban hechas a máquina de escribir y tenían tachaduras.
En esta operación el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42, por lo que Argueta indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.
