La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia CESC
A una semana para que expire su vigencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
El máximo tribunal estableció que algunos artículos de la referida ley «vulneran al principio de capacidad económica derivado de la equidad tributaria establecida en el artículo 131 de la Constitución».
La referida contribución, que aplica el 5% a la compra y utilización de servicios o productos de telecomunicaciones, fue creada en noviembre del 2015, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y estipulaba su vigencia de 5 años, por lo que la Sala aclaró que lo establecido se aplaza «hasta el día 5 de noviembre de 2020, fecha en la cual la Ley (..) cesa en su vigencia».
Según los magistrados, «el tributo creado en la referida ley es un impuesto y no una contribución especial, que grava las mismas manifestaciones de riqueza que ya se encuentran gravadas por la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios».
«Los gravámenes tomados de manera conjunta suman una tasa total del 18% (13 % del IVA y 5 % de CESC), lo que provoca una afectación sustancial al patrimonio de los contribuyentes», dice la Sala.
Millones recolectados
El ministerio de Hacienda informó que hasta septiembre de este año se recibió un total de $33.9 millones pagados por los ciudadanos provenientes del CESC. Los fondos estaban destinados a seguridad.
A principios de octubre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que pedirán a la Asamblea Legislativa aumentar el pago de la referida Ley y extender la normativa, pero solo para los grandes contribuyentes.
El titular expresó que la modificación pasaría del 5% al 8% para las grandes empresas. Hasta septiembre del 2020, del impuesto a la telefonía se ha recaudado $84 millones de los grandes contribuyentes, para la misma fecha durante el 2019, se había cobrado $73.6 millones.
