Lorena Peña admitió que las solicitudes de las ONG las recibía en su despacho, una de la cual ella es socia fundadora
Durante su interpelación, la exdiputada del FMLN y expresidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, intentó sustentar la asignación de fondos públicos a ONG en la Ley Orgánica de Administración Financiera (Ley AFI), pero esta no contiene una normativa o marco legal para legitimar la forma en la que la Asamblea Legislativa asignó $279 millones a estas entidades.
La Ley AFI regula lo concerniente a la administración de las finanzas del Estado por parte del Ministerio de Hacienda; el artículo 2 de esta normativa, al que la exparlamentaria se refirió, habla sobre las instituciones que están bajo la Ley y no sobre un marco legal para la asignación de fondos a ONG.
La exfuncionaria efemelenista también mencionó el artículo 131, inciso 11 de la Constitución de la República, que brinda al Primer Órgano del Estado la facultad para dar incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios.
No obstante, no detalla, ni legitima el mecanismo corrupto a través del cual durante años se desviaron fondos del erario público para favorecer a entidades vinculadas con exdiputados.
Ante los cuestionamientos de los diputados, Peña admitió que las solicitudes de las ONG las recibía en su despacho, específicamente de parte de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, de la cual ella es socia fundadora.
Asimismo, la junta directiva de dicha asociación estaba compuesta por exdiputadas del FMLN y exempleadas de la institución, por lo tanto, eran juez y parte en la asignación de fondos y se refleja un claro conflicto de intereses.
“En el transcurso de los años se otorgaron más de $500 mil a su ONG, que no presentó personería jurídica, que no presentó ningún proyecto para justificar la solicitud de fondos, no hay registro en los archivos”, afirmó el diputado Caleb Navarro con evidencias en mano sobre el archivo físico de proyectos de ONG que existe en la Asamblea.
Los fondos asignados a esta asociación feminista entre 2011 y 2019 no tienen la debida justificación en el archivo del Órgano Legislativo. Documentos solicitados al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) por los diputados de la Comisión reflejan que existía un convenio con la asociación de mujeres para la alfabetización.
Bajo esa figura y con el mismo objetivo, durante nueve años la asociación recibió más de medio millón de dólares sin que haya evidencias sobre solicitudes y requisitos cumplidos por el movimiento en el archivo legislativo.
Al revisar el sitio web de “Las Mélidas”, no existe ningún apartado sobre la alfabetización específicamente, que fue la bandera bajo la cual se les asignaron más de medio millón de dólares durante nueve años, mientras los ministros de Educación fueron Salvador Sánchez Cerén, brevemente Hato Hasbún y Carlos Mauricio Canjura.
Al hacer una búsqueda en la página, se encuentran solamente ocho noticias que mencionan la palabra alfabetización, de los años 2017, 2018 y 2019.
“Si no había personería jurídica no se podía otorgar ni un centavo”, Lorena Peña
La exlegisladora afirmó que la Asamblea Legislativa no puede asignar fondos a ninguna entidad que no presente una serie de requisitos, entre estos, poseer personería jurídica.
Ante esto, el diputado Caleb Navarro cuestionó que a “Las Mélidas” les fueron asignados fondos públicos sin que presentaran o se les solicitara la documentación que certificara su legalidad.
Peña dijo que los técnicos tenían la responsabilidad de verificar esos requisitos, sin embargo, al ser interrogado hace varias semanas el extécnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana, dijo que nunca se verificaba la legalidad de estas entidades porque los diputados nunca lo solicitaban.
