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Los magistrados no consideran la seguridad de la población como una urgente prioridad, lamento asesor jurídico

El asesor jurídico de la Presidencia, José Ángel Pérez, señaló que Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció la potestad del Consejo de Ministros para convocar a la Asamblea Legislativa, tal como lo hizo para el 9 de febrero pasado, pero lamentó que los magistrados no consideren la seguridad de la población como una urgente prioridad.

La potestad del Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, está amparada en el artículo 167 de la Constitución de la República, reiteró Pérez. La Carta Magna señala que el Consejo puede “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, en el punto cuatro del acuerdo emitido en la sesión número 2 del 6 de febrero, el Consejo de Ministros consideró que el financiamiento del Plan Control Territorial es una situación extraordinaria que amerita convocar a la Asamblea, debido a la importancia de proteger la vida de la población.

Sin embargo, la Sala sentenció que la seguridad ciudadana no es un tema urgente. “Nosotros como Presidencia seguimos pensando que la seguridad ciudadana es una cuestión de naturaleza urgente en todo momento para el país”, apuntó Pérez en la Entrevista de Noticiero El Salvador.

El asesor jurídico también cuestionó los plazos de algunas resoluciones del tribunal constitucional, puesto que hay demandas resueltas con prontitud y otras con tardanza, como la relacionada con la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), dictaminada cinco años después de ser interpuesta.

“Llama la atención que la Sala de lo Constitucional viene y pronuncia una resolución cinco años después y cuando estamos a las puertas de la finalización de la contribución”, dijo. La vigencia de la CESC culmina el próximo 4 de noviembre, pero el Gobierno presentó una reforma de ley para eliminar el cobro a la ciudadanía y aumentarlo del 5 % al 8 % a los grandes contribuyentes.

En otro tema, Pérez destacó que el Gobierno continúa protegiendo la vida de la población en medio de la pandemia de COVID-19. También señaló que la Asamblea Legislativa está discutiendo “aspectos repetitivos” en propuestas de ley sobre acciones que el Ejecutivo ya implementó para atender la pandemia, puesto que están reguladas en otras normativas como el Código de Salud.

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