Cientos de sindicalistas se concentraron esta mañana frente al Centro Integrado de Justicia Isidro Menéndez, en señal de protesta para exigir al alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt haga el traslado correspondiente de las retenciones que les descuenta a los empleados a las instituciones competentes ya que presentan una morosidad de casi ocho meses.
Adolfo Ramos, ecretario de organización de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), explicó que dicha protesta obedece a la exigencia del pago de sus retenciones, la revocatoria de las medidas decretadas contra Muyshondt y también se haga justicia en el homicidio del líder sindical, Weder Meléndez.
“El homicidio de Weder Meléndez tiene connotación política y se debe llegar hasta los hechores materiales y los intelectuales, también pedimos a la jueza que revoque las medidas sustitutivas que benefician al delincuente confeso, Ernesto Muyshondt por las negociaciones ilícitas con pandilleros. Además hay un proceso abreviado que él tiene en estos momentos y que sea puesto a la orden de los tribunales”, señaló Ramos.
Los sindicalistas añadieron que es necesario que el jefe edilicio de San Salvador haga los pagos respectivos de las retenciones salariales a fin de que cancele las cuotas que han sido descontadas a los empleados y no han sido trasladadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Aseguradora de Fondos de Pensiones, Fondo Social para la Vivienda e instituciones bancarias.
Por su parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien ha sido uno de los más grandes defensores de los trabajadores, reconoció el trabajo del movimiento sindical desde la madrugada exigiendo justicia y se sumó al llamado.
“Desde la madrugada están trabajadores exigiendo que la FGR procese por las apropiaciones de cuotas laborales retenidas y al juzgado 2o de instrucción que elimine las medias alternas a la detención al Alcalde de San Salvador por existir peligro inminente sobre el pacto con crimínales”, dijo el ministro de Trabajo.
Añadió que desde hace cinco meses la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en sus manos toda la documentación para hacer la acusación por este delito penal contra el jefe edilicio.
