Coronel salvadoreño, Inocente Montano fue condenado por la justicia española a 133 años de cárcel por asesinato de los sacerdotes jesuitas españoles, crimen ocurrido en 1989
A casi 31 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el 16 de noviembre de 1989, la Audiencia Nacional de España condenó al coronel y exviceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano.
En una breve audiencia, los jueces detallaron la condena contra Montano por 26 años, 8 meses y 1 día de prisión por cada homicidio, quien ha enfrentado en España la justicia por el crimen de los religiosos, cometido en El Salvador. Esa madrugada de noviembre de 1989 también fueron asesinadas Elba y Celina Ramos.
«Condenamos a Inocente Orlando Montano como responsable, en concepto de autor por cinco delitos de asesinato terrorista», se leyó la sentencia, pasadas las cinco horas en El Salvador de este 11 de septiembre de 2020.
Los juzgadores definieron que la condena no puede exceder los 30 años y se restarán 9 años que Montano ya estuvo en prisión.
En julio pasado por 8 días, en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, desfilaron las pruebas contra el coronel salvadoreño Inocente Montano, quien negó su culpabilidad. «Juro ante ustedes y mi dios que no estoy mintiendo. No participé en ninguna reunión donde se dijera que había que matar a los curas”, declaró en el juicio.
No obstante, una serie de testimonios y documentación llevaron a la Audiencia Nacional ha declararlo culpable.
Tras darse el veredicto, la defensa de Montano puede interponer un recurso de casación, para intentar cambiarlo.
Un juicio revelador
El asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras no ha tenido eco en la justicia salvadoreña, pero sí en España. Durante varios días, en julio de este año, el juicio llevado a cabo por la Audiencia Nacional del país europeo fue revelando aspectos relevantes de cómo se dio el crimen, quiénes participaron en su planificación y cómo administradores del Estado intentaron borrar la evidencia, para evitar la justicia.
Uno de los testigos claves fue Yusshy René Mendoza, quien fue jefe de sección de la Escuela Militar y uno de los condenados en el juicio realizado en El Salvador en 1990, junto con el general Guillermo Benavides, por el asesinado de los sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos. Mendoza pasó de ser imputado a testigo clave en el juicio desarrollado en España.
Mendoza señaló al alto mando militar, conformado por General Rafael Bustillo; Cnel. Francisco Elena Fuentes; Gral. René Emilio Ponce; Gral. Juan Orlando Zepeda y el Cnel. Inocente Orlando Montano, como el grupo que decidió la muerte del padre Ignacio Ellacuría “sin dejar testigos”.
Zepeda, Montano y Ponce formaban parte del grupo denominado “La Tandona”, la promoción de militares graduados en 1966 y quienes han sido acusados de diferentes violaciones a derechos humanos cometidas en la guerra civil.
En su declaración, apuntó al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien dijo fue conocedor de los hechos y nunca dio una “contraorden” sobre lo que iba a suceder la madrugada del 16 de noviembre.
“Según la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente -Cristiani- tuvo que haberlo aprobado”, declaró.
Además, describió cómo la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos y la Comisión de Honor que investigaban el caso, realizaron una serie de estrategias que buscaban ocultar la participación del Alto Mando en la toma de decisión sobre el asesinato y dejar la responsabilidad sobre los hombros de Guillermo Benavides.
También señaló al abogado Rodolfo Parker, ahora diputado por el PDC, como uno de los juristas que cambiaron las declaraciones de algunos testigos y decían a los militares “lo que tenían que decir”.
Mendoza reconoció una libreta redactada por Benavides, que denominaron en el juicio como “el diario de Benavides”, el cual detalla quiénes tomaron la decisión del crimen, quiénes participaron de las reuniones y otros detalles sobre lo que sucedió el 16 de noviembre.
La declaración de Cristiani
El escritor Jorge Galán es autor de la novela “Noviembre”, la cual relata desde la planificación hasta la ejecución de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas de la UCA, Elba y Celina Ramos. Además, habla de las negaciones posteriores sobre la responsabilidad de los hechos por parte de quienes administraron el gobierno en ese entonces, el FBI, la Embajada de Estados Unidos, militares, entre otros.
Galán también fue llamado a declarar ante la Audiencia Nacional. Ahí, relató que las entrevistas más importantes que realizó para la construcción de su novela histórica fueron con el padre José María Tojeira, el padre Jon Sobrino y el expresidente de al República, Alfredo Cristiani Burkard.
Las preguntas a Galán hechas por la fiscalía española, la querella, la acusación particular y la defensa de Montano buscaban conocer detalles sobre lo que el escritor habló con el expresidente, uno de los señalados como autor intelectual del asesinato, por las diversas investigaciones realizadas.
El escritor relató que llegó a Cristiani gracias a contactos que le conocían y a quienes comentó la realización del libro y lo importante que era para la reconstrucción de la historia una entrevista con él. Narró que el exmandatario accedió cordialmente a dar la entrevista. Al llegar a su oficina, le explicó de qué trataba su encuentro, que iba a grabarlo y que todo lo dicho no se utilizaría bajo una interpretación, sino de forma literal. Estuvo de acuerdo.
“No tomábamos nada, estaba tranquilo y seguro de que quería tener esa conversación. Fumaba. Fue una conversación serena, no hubo ningún exabrupto”, comentó.
Entre las confesiones principales que el escritor recordó de la entrevista con Cristiani, durante la declaración ante la Audiencia Nacional de España fueron dos: la primera, que las grabaciones de la escuela militar habían sido destruidas y, por tanto, no tenían pruebas para llevar a la justicia a ningún actor intelectual; y la segunda, es que al consultarle sobre la participación del Estado Mayor, Cristiani respondió que sí había otros autores intelectuales más allá de Benavides, y confirmó, según Galán, que no solamente eran miembros de la “Tandona”.
En el juicio, el abogado querellante, Manuel Ollé, dio lectura a parte de la transcripción del audio de la entrevista realizada por Jorge Galán a Alfredo Cristiani y que, ahora, está en poder del juzgado.
“Cristiani se amparaba y repetía que lo que hay que hacer es tener pruebas, pero reconoce que desaparecieron, y en concreto utiliza una palabra que es ‘records’. Dice: ‘Desaparecieron records de la Escuela Militar y eso no nos daba prueba para cumplir más allá’, ¿es así? Minutos después, usted le insiste y le repregunta la opinión sobre si habían más personas en la toma de decisión, no de Benavides para abajo, sino para arriba. ¿Usted recuerda si Cristiani le dijo, literal: “Yo tiendo a pensar que sí”?”, preguntó el abogado.
El escritor confirmó estas declaraciones.
Según la transcripción de la entrevista, relatada por Manuel Ollé, Cristiani habló también sobre la comisión creada para investigar los hechos en Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS). “Nosotros queríamos crear una comisión imparcial. En esa época se vivía un tema muy serio en la forma de investigar los hechos. En primer lugar estaba la Policía Nacional que no era más que otra unidad debajo de las Fuerzas Armadas y casi la que habían convertido en otras unidades de combate”, habría dicho Cristiani.
Ante la pregunta del abogado sobre si recuerda que Cristiani le dijo que no tenía confianza en la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que estaba llevando las indagaciones sobre el caso jesuitas, Jorge Galán dijo que no lo recordaba, ya que la entrevista se realizó hace mucho tiempo y no volvió a escucharla. “Pero sí recuerdo que ese era el ambiente, sobre todo por el momento en que él me dice que habían destruido todas las pruebas acerca del asesinato y que por eso no tenían manera de enjuiciar”, dijo.
Cristiani también afirmó, según el abogado: “Ese día miércoles en la noche, el general Larios, en una reunión del alto mando, me dijo que ya no quedaba población y si ya podíamos usar fuerza aérea y caballería”.
Ante la pregunta de Jorge Galán sobre si sabía que iban a atacar a los cabecillas del FMLN, Cristiani le contesta que antes no. “Posterior a las investigaciones yo le pido al coronel Rivas, conociendo la costumbre de los militares que todos andan con su agenda y anotan todo en las reuniones, que pidiera todas esas agendas y que empezara a buscar ahí. Ahí es donde resulta que en algunas de ellas aparece que tenían que actuar en contra de los cabecillas del FMLN”, dijo el exmandatario, según la transcripción de la entrevista.
En la madrugada anterior, Cristiani le reconoce a Galán que estuvo hasta tarde en el Estado Mayor.
Cristiani le dice que habían dos teorías: una, que había sido el FMLN y otra, que habían sido las Fuerzas Armadas. Él habla con Rivas, el jefe de la CIHD para que investigue las hipótesis. “Luego se dan cuenta de que hay un dicho que dice ‘chucho no come chucho’, es decir, la policía no iba a actuar en contra de un policía o que las fuerzas armadas no iban a actuar en contra de un oficial”, aseveró el abogado Ollé.
Jorge Galán agrega que le preguntó si había sido la Tandona en específico la que había dado la orden. “Me dijo que no solo a ellos, y mencionó otros nombres”, relató. Recuerda que mencionó al coronel Bustillo, que era el director de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Sobre si el Estado Mayor había estado detrás del crimen, aunque no mencionó nombres específicos, pero dijo que sí”, aseguró Galán.
Cristiani comentó al escritor que se había enterado del asesinato muy temprano en la mañana cuando le avisaron, que había estado en reuniones con el Estado Mayor antes al asesinato, pero que nadie le había comentado sobre el operativo.
Jorge Galán también dijo que la publicación del libro le valió amenazas, insultos y una serie de reacciones negativas que lo llevaron a exiliarse en España. “Nunca me había enfrentado a una reacción tan viceral, incluso de gente que conocía”, recordó.
Entre otras cosas “extrañas”, Galán recibe, en ese contexto, un correo electrónico en donde le invitaban a un lugar de militares para una reunión. Ni antes ni después había recibido una invitación para una reunión de militares y el correo era firmado por el coronel Orlando Zepeda. No asistió.
En el marco de la fase de instrucción del caso sobre el asesinato de los jesuitas en España y de las indagaciones realizadas por mandato del juez Eloy Velasco, el escritor recibió una llamada donde “le ofrecieron algo” por no entregar la grabación del presidente Cristiani al juzgado. “Le informé al juez Velasco en el momento. Según me dijeron era una llamada de El Salvador, se me invitaba a que no entregara a la Audiencia la grabación, se me ofrecía algo por no hacerlo. La persona se identificó y que llamaba a título personal”, declaró.
Jorge Galán afirma que “Noviembre” es un libro de no ficción, que solamente hace uso de la ficción para recrear y ambientar. Todos los hechos están basados en la serie de investigaciones, informes y entrevistas en torno al tema.
“Lo escribí porque me pareció una historia que debía contarse, me daba cuenta de un hecho que -salvo la UCA- se hacía muy poca referencia. Me parece que es una historia muy importante para el país que carece de memoria histórica”, dijo.
“Desde el primer momento supe que fue la Fuerza Armada”
Otro testigo en el juicio fue el exmiembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, Luis Parada, quien afirmó que “supo desde el primer momento” que la versión oficial que buscaba culpar al FMLN de la masacre en la UCA no era sostenible, debido a la gran cantidad de pruebas que señalaban hacia la Fuerza Armada.
Parada describió cómo se encubrió a los responsables materiales e intelectuales desde las mismas instituciones del Estado, lo cual se confirmó años después con el análisis de información desclasificada por Estados Unidos. Además, descubrió por sí mismo que existía todo un plan de encubrimiento de los hechores por parte de la institución castrense.
Esta información era de conocimiento de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, según los informes de peritaje realizados por la profesora Terry Lyn Karl, quien analizó miles de documentos desclasificados que dan cuenta de la participación del Alto Mando en la decisión del crimen y en el encubrimiento de los hechos.
Karl confirmó que la razón por la cual los líderes de “La Tandona” decidieron asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA fue precisamente por su liderazgo en las negociaciones de paz. Dijo que hay dos hechos que muestran la premeditación del crimen contra los jesuitas: la campaña de odio desde la Radio Cuscatlán y el cateo de la residencia de los jesuitas unos días antes del crimen.
Dicha campaña fue confirmada por la mayoría de testigos en el juicio, como el padre José María Tojeira, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuéllar, el escritor Jorge Galán, los militares Yusshy René Mendoza y Luis Parada, entre otros.
En el juicio también se reveló que ex funcionarios y diplomáticos de El Salvador viajaron a España para buscar “salidas alternas” a la querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra el expresidente Cristiani y el resto de acusados de la autoría intelectual de la masacre.
En opinión de la profesora Terry Karl, el proceso contra Montano “debió haberse llevado a cabo en El Salvador”.
Durante el juicio Martín Pallín, abogado particular de los hermanos del padre Ignacio Martín Baró, concluyó: «En la madrugada del 16 de nov, las Fuerzas Armadas cortaron 8 rosas pero no han conseguido matar la primavera. El prestigio y la bondad de los padres jesuitas ha quedado inalterado para la historia”.
Fuente: arpas
