Durante la noche de este miércoles el presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado en su residencia en un ataque producido de madrugada en el que también ha resultado herida grave su mujer. El magnicidio agudiza aún más la crisis política y social que atraviesa el país. Sin parlamento constituido, sumido en la pobreza, y dependientes de la ayuda humanitaria, el país atraviesa una situación profundamente inestable.
A las puertas de las elecciones
El próximo 26 de septiembre los haitianos deben acudir a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas, comicios a los que Moïse no podía presentarse.
En esta fecha está previsto que se celebrase un referéndum para aprobar una nueva carta magna para Haití. El proyecto había sido impulsado por Moïse y buscaba reforzar la figura del jefe de Estado, aunque según él, no iba a beneficiarse de la nueva Constitución.
La nueva carta magna contaba con una fuerte oposición por parte de sus adversarios políticos, y todo el proceso estaba visto con recelos por parte de la comunidad internacional al no ser lo suficientemente transparante ni inclusivo.
No se sabe quién tiene que ser su sucesor
La Consitución que quería reformar Moïse, de 1987, establece que en caso de muerte del presidente del país, el Consejo de Ministros, con el primer ministro a la cabeza, tiene que ejercer el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo presidente.
En caso de que la muerte se produzca a partir del cuarto de los cinco años de mandato por los que se elige al presidente, La Asamblea Nacional se debe reunir para elegir a una persona que cumpla el año de mandato pendiente, pero desde enero de 2020, la Asamblea está clausurada debido al aplazamiento de las elecciones legislativas que estaban previstas para el año 2019.
A su vez, la situación en la jefatura de Gobierno tampoco es del todo clara, puesto que en estos momentos hay dos primeros ministros nombrados.
Claude Joseph ejerce el cargo de forma interina desde el pasado abril, pero el pasado lunes, Moïse nombró para el cargo a Ariel Henry, pero este todavía no había asumido el cargo de forma oficial.
De momento, la única comunicación oficial sobre los acontecimientos ha partido de Claude Joseph, quien ha asegurado que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen el control de la situación.
En febrero se denunció un golpe de estado
La crisis política en la que está sumida el país viene de años atrás. Todo se desencadenó cuando en 2018 se interpusieron varias denuncias por corrupción a Moïse, en relación a la gestión de los fondos del programa de ayudas venezolano Petrocaribe. Pero la situación se ha agravado en los últimos años debido a los problemas económicos y un clima político cada vez más irascible.
Las protestas, en muchas ocasiones violentas, han paralizado las actividades en Puerto Príncipe durante varias semanas a lo largo de estos tres años de inestabilidad, y fueron las que motivaron el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.
La crisis se agravó el pasado 7 de febrero, día en el que Moïse denunció que la oposición, junto a un grupo de jueces de la Corte de Casación (suprema) y altos mandos de la Policía, tramaban un atentado para asesinarle en ese día.
Las autoridades hicieron varias detenciones, pero los implicados en el supuesto intento de golpe de Estado fueron puestos en libertad por orden judicial.
Controversia por el final del mandato
La oposición no reconoce la legitimidad de Moïse desde el 7 de febrero de 2021, fecha en la que consideran que terminó su mandato, debido a una interpretación de un artículo de la Constitución, que permitiría entender que su Gobierno comenzó en 2015, coincidiendo con la fecha de unas elecciones que acabaron siendo anuladas y no con su investidura, que tuvo lugar en 2017.
Los partidos opositores, en especial los de izquierdas, trataban a Moïse como un «dictador», en especial por el polémico modo que ha gobernado por decreto desde la clausura del Parlamento, algo por lo que también ha sido criticado por la comunidad internacional.
Sin embargo, Moïse siempre ha asegurado que su intención era dejar el poder el 7 de febrero de 2022, al cumplirse cinco años de su investidura, y ceder el poder a quien fuera elegido en las elecciones.
Enemigos de la oligarquía y bandas
Conforme la crisis se ha agravado, Moïse se ha granjeado enemigos entre las familias adineradas que controlan negocios claves en el país, como la energía, la telefonía o la banca, a los que ha responsabilizado de la corrupción sistémica y de la inestabilidad crónica que vive el país.
Recientemente, Moïse también se ha ganado enemigos entre las poderosas bandas armadas que controlan numerosas barriadas pobres de Puerto Príncipe.
La violencia de las bandas se recrudeció desde comienzos de junio, en especial por la acción de G9 an Fanmi e Alye, una federación de pandillas que hasta hace poco se consideraba en la órbita del Gobierno y que en las últimas semanas, declaró la guerra a Moïse.
Los conflictos entre las bandas han causado decenas de muertos y heridos y al menos 17.000 desplazados desde el comienzo de junio por los enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas.
Fuente: rtve
