La Fiscalía capturó este lunes 22 de agosto a quien hasta hace solo ocho meses era fiscal general: Luis Martínez. Horas antes había capturado a Enrique Rais, un empresario cuyas aeronaves fueron usadas por Martínez durante su mandato en al menos 13 viajes al exterior. La Fiscalía los acusa en un caso en que señala sobornos, fraudes procesales e incumplimiento de funciones del fiscal.
El ex fiscal general de El Salvador Luis Martínez y su influyente amigo, el empresario Enrique Rais, fueron capturados este lunes 22 de agosto acusados de integrar una red de corrupción que, además, implica a Hugo Blanco Rais -sobrino de Enrique Rais-, Wilfredo Ernesto Gutiérrez -abogado de Rais-, Julio Arriaza -ex jefe de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía de Luis Martínez- y otras 10 personas que tienen orden de captura.
La captura de Martínez se produjo apenas ocho meses después de que este dejara el cargo, tras un intento infructuoso por la reelección en que le resultó insuficiente el respaldo de algunos empresarios vinculados al partido Arena y de dirigentes del FMLN. La gestión de Martínez será recordada porque durante su mandato de 2012 a 2015 inició una serie de ruidosas investigaciones de presunta corrupción que terminaron en poco o nada, y por conductas que apuntaban a conflictos de interés o a abuso del poder que le daba la ley.
Martínez, conocido por conducirse según las pautas que receta un libro de autoayuda titulado «El rinoceronte», se presentó a la sede de la Fiscalía en Antiguo Cuscatlán al final de una jornada marcada por la sorpresa previa de la captura de Rais, un empresario que tiene en su currículo haber prestado favores a personajes de máxima relevancia de la política salvadoreña y de otros países, incluido Martínez.
Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco y su abogado Wilfredo Gutiérrez se presentaron a la Fiscalía, que los había citado para la tarde de este lunes 22 de agosto. A las 4 p.m., fuentes de la institución confirmaron las detenciones. Uno de los abogados de Rais, David Campos Ventura, denunció la presunta estratagema de la Fiscalía que dirige Douglas Meléndez desde enero pasado. «Les han timado, les han engañado, porque han venido a otro tipo de operativo», dijo Campos Ventura, al salir de la Fiscalía. Los Rais y Gutiérrez están acusados de falsedad ideológica y fraude procesal. A Enrique Rais la Fiscalía le suma el cargo de cohecho activo (soborno). Al tomar posesión del cargo, Douglas Meléndez desplazó a Julio Arriaza de la jefatura que ocupaba con Luis Martínez hacia un cargo menor, como fiscal en la unidad de asesoría jurídica. Ahora, Arriaza está detenido por fraude procesal, un cargo que el Código Penal castiga con un máximo de 10 años de prisión.
Luis Martínez se presentó al filo de las 7 de la noche, a la sede en Santa Elena, donde los Rais fueron detenidos. Solo iba acompañado por su abogado, Manuel Cruz. Cruz fue abogado del ex diputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, quien está detenido en Estados Unidos por haber ingresado indocumentado a esa nación después de huir de El Salvador, donde desaforado para que respondiera por delitos de corrupción y lavado de dinero. Silva Pereira, además, está acusado en Guatemala de ser el autor intelectual del asesinado de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista.
Martínez y Cruz se retiraron de Santa Elena y se dirigieron a la sede de la Fiscalía en la colonia La Sultana. Fue en esta última donde se fue tendiendo el cerco poco a poco. Primero ingresaron unos agentes policiales que rodearon a Martínez cuando este aguardaba en una sala de espera. Finalmente fue obligado a ponerse de pie y a acompañar a los agentes policiales fuera del edificio para subirlo a un automotor policial, donde lo trasladaron hasta bartolinas policiales.
Al exfiscal, la Fiscalía le imputa los cargos de fraude procesal y omisión de la investigación. “En horas de la mañana se rumoraba a nivel de redes sociales que había una orden de detención en contra de él (Luis Martínez). Entonces, ante el desconocimiento él decidió presentarse voluntariamente antes de enfrentar cualquier situación que pudiera darse», dijo Cruz, instantes después de que detuvieran a su cliente. «Ahorita, al igual que ustedes, él se ha quedado sorprendido de los delitos, no así de la orden porque fue la rumorología la que nos hizo venir para acá. Ha sido una situación voluntaria de él presentarse».
Hace poco más de un mes, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) condenó al exfiscal a pagar una multa de casi 9 mil dólares por la relación que mantuvo con Rais cuando fue funcionario. En diciembre de 2014, El Faro reveló que Martínez había realizado al menos 13 viajes al exterior en aeronaves cuya propiedad lleva a Rais. Eso, a pesar de que Rais fue denunciado en más de una ocasión ante la Fiscalía presidida por Martínez, que archivó las denuncias contra su amigo. Y, por el contrario, las demandas que Rais presentaba contra sus acusadores, prosperaban y llevaron a más de alguna persona a prisión.
Los miembros del TEG resumieron así esa relación: “La mayoría de expedientes en los que (Rais) tenía la calidad de imputado fueron archivados en sede fiscal», mientras que «los casos en los cuales el señor Rais López tiene calidad de víctima sí fueron judicializados”. Uno de los delitos que se advertían en esa investigación del TEG era precisamente omisión de investigación, que tiene una pena de hasta cinco años de cárcel.
Pero antes de la sentencia del TEG, esa amistad entre Rais y Martínez ya había sido documentada en investigaciones periodísticas de El Faro y de la Revista Factum. Héctor Silva Ávalos, director de Factum, ha sido demandado por Rais acusado de difamación y calumnia debido a algunas de las afirmaciones que hizo en sus publicaciones.
¿Quiénes son los procesados?
Enrique Rais es un influyente empresario salvadoreño en cuyos aviones han viajado funcionarios de máximo nivel de El Salvador, Honduras y hasta un presidente de Kosovo. Aparte del exfiscal Martínez, el mismo Rais ha dicho que sus aeronaves han transportado al presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén. También las han usado el dirigente del partido en el gobierno José Luis Merino, máximo representante del FMLN en el grupo Alba Petróleos. En sus vehículos también viajó el otrora presidente de Honduras Porfirio Lobo.
El empresario y su sobrino, Hugo Rais Blanco, son acusados de fraude procesal y falsedad ideológica, dos delitos que forman parte de una serie de demandas en un caso judicial en el que un par de ciudadanos canadienses denuncian que Rais nunca les pagó 25 millones de dólares.
Rais es uno de los socio fundadores de la más grande planta procesadora de basura en El Salvador, Mides, en la que inicialmente hubo participación de inversionistas canadienses. El nombre de Rais ya es reconocido en el mundo judicial y mediático: en 2001 fue acusado por el delito de fraude y, un año después fue exonerado. Por este caso conoció la cárcel de Mariona, donde estuvo detenido. Según la Fiscalía, el estatal Banco Fomento Agropecuario (BFA) vendió un ingenio azucarero del Estado a Enrique Rais y Héctor Cristiani otorgándoles fraudulentamente los fondos con que pagaron la prima. Según la Fiscalía, que también procesó al expresidente del BFA, Raúl García Prieto, Rais y Cristiani recibieron unos 14 millones de dólares en créditos rotativos que desviaron a otras cuentas.
En cuanto a su relación con Martínez, El Faro documentó que el funcionario realizó al menos 26 vuelos en aviones de cuatro compañías vinculadas a Rais: Rais Group International NC LLC; Hawker 800 LLC; Joda LLC y Helicópteros S.A. de C.V.
En una sesión con periodistas, Rais llegó a declarar que en sus aviones no solo ha viajado el exfiscal general: «En esos aviones ha viajado José Luis Merino; el presidente de la República también, el presidente (Pepe) Lobo, de Honduras. Sí, el actual presidente -Salvador Sánchez Cerén-«, dijo a la prensa en abril de este año. Añadió que otros usuarios de sus aviones han sido legisladores o exlegisladores salvadoreños como el dirigente efemelenista Sigfrido Reyes, que presidió la Asamblea Legislativa entre 2011 y 2015.
Rais posee más de dos docenas de empresas en las que están asociada personas de su familia y hasta ha sido socio de una empresa de seguridad en la que comparte papeles con el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín.
El Nuevo Herald, de Miami, Estados Unidos, publicó este domingo 21 de agosto, una nota en la que cita una documento de un senador de los Estados Unidos. Dice el periódico: el senador por Florida Marco Rubio describió a Rais como “socio” del comandante Ramiro (José Luis Merino), en una carta dirigida al secretario del Tesoro, Jacob Lew, en la que solicitaba la aplicación de sanciones contra el hombre fuerte del FMLN”.
Rais cayó en el radar de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) este año, cuando tres aviones y un helicóptero, registrados a su nombre, fueron incautados temporalmente en el condado de Martin, Florida, en busca de rastros de droga, según reportó la revista Factum el 26 de abril de este año.
El amigo capturado de Rais, el exfiscal Martínez, dejó un rastro de dudas no solo en el manejo de las denuncias vinculadas con el empresario: cuando estaban a punto de prescribir los posibles delitos en 2014, finalmente acusó por corrupción al expresidente Francisco Flores, en relación con el desvío de millonarios donativos de Taiwán. La Fiscalía, sin embargo, omitió numerosas diligencias que hubieran permitido montar un caso sólido contra Flores, quien falleció durante la fase final del juicio, el 30 de enero de 2016.
Asimismo, El Faro reveló en septiembre de 2014 que Martínez utilizó ilegalmente las grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas como parte de una investigación criminal contra las pandillas. El fiscal divulgó a algunas personas particulares el contenido de pláticas personales del sacerdote español Antonio Rodríguez para presionar en favor de que confesara que colaboraba con pandillas. Según la Constitución, esa conducta es motivo de destitución.
Martínez tenía estrechas relaciones con José Luis Merino. Merino dijo en noviembre de 2015, cuando Martínez luchaba por la reelección, que Martínez «ha ayudado a que mejore la aplicación de la justicia en el país». Además, Merino y Rais tienen una relación de negocios por medio del relleno sanitario de Sonsonate, que es administrado por la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA). CAPSA es una empresa manejada por familiares de José Luis Merino.
Martínez calificó los viajes en los aviones de Rais como un tema banal, a pesar de que representaban un obvio conflicto de interés, certificado ahora tanto por el Tribunal de Ética como por la Fiscalía. El Faro también publicó un perfil de Martínez, en noviembre pasado, en el que se documentaba la sociedad que tuvo con Óscar López Jerez, ahora magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esa publicación se describe cómo Martínez -que en su hoja de vida se describe como un «solucionador de deudas»- se deshizo, solo tres meses después de ser nombrado fiscal, de un embargo que arrastraba desde hacía más de un año y de una deuda por más de 150 mil dólares que lo atribulaba desde hacía más de siete.
No hay manera en que Martínez haya podido pagar esa deuda solo con su salario de 4 mil dólares como fiscal general. Cuando El Faro le preguntó por esa deuda, Martínez no contestó y decidió llamar al reportero que le preguntó «muchachito mentiroso», aunque él nunca aclaró cómo saldó su deuda.
El lío judicial entre Rais y los canadienses
*Con reportes de Gabriel Labrador
Nota retomara de diario digital el faro.
