Norman Quijano, uno de los rostros más reconocidos de la derecha salvadoreña, dejará de competir una curul en la Asamblea Legislativa y su partido le ha ofrecido un retiro político en el Parlamento Centroamericano en momentos en que aparece implicado en una investigación penal por supuestas negociaciones con pandillas de cara al proceso electoral de 2014, cuando fue el candidato presidencial de Arena, el principal partido de derechas.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ya data de varios años pero fue hasta enero de 2020 que la institución presentó cargos contra el diputado Quijano y el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. En el caso de Quijano, por ser diputado, está protegido por el fuero y la Fiscalía tuvo que pedir a la Asamblea un antejuicio que determinara si había indicios suficientes para que Quijano enfrentara la justicia en los tribunales. El 7 de mayo, solo 41 diputados votaron a favor del desafuero de Quijano (hicieron falta al menos dos votos).
Al terminar la presente legislatura, en abril próximo, si la Fiscalía mantiene su posición de que Quijano debe ser procesado, podría acusarlo ante un juez y Quijano, entonces, deberá someterse al proceso como cualquier ciudadano. Si en octubre, Quijano toma posesión como diputado centroamericano, obtendrá nuevamente fuero parlamentario. Hay, sin embargo, un espacio de cinco meses -entre el fin de la legislatura y la toma de posesión en el Parlacen- en el que Quijano no estará protegido por fuero alguno.
De manera tradicional, el Parlacen es una institución a la que llegan a culminar sus carreras políticas expresidentes y funcionarios centroamericanos, pero a la que también han llegado otros exfuncionarios con señalamientos de corrupción, como el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien incluso pidió que se adelantara la fecha de juramentación como diputado centroamericano.
