Algunas de las conclusiones que se desprenden del informe único son que las acciones realizadas, antes y durante el 9 de febrero del año 2020, constituyeron una afrenta al sistema democrático y de división de poderes salvadoreño, consumándose un verdadero golpe de Estado en contra del Órgano Legislativo.
Se esboza además que existió una participación protagónica del director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para la irrupción armada en la institución, ya que fue a partir de su llegada, que las autoridades de este Órgano de Gobierno perdieron el control de la seguridad de dicho recinto.
El documento establece una serie de recomendaciones, entre ellas, la destitución del comisionado Mauricio Arriaza Chicas del cargo de director de la Policía Nacional Civil; además, retirar del cargo al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Por otra parte, se pide comunicar con urgencia a la Fiscalía General de la República el informe, para que se investigue la posible comisión de los delitos a los que se hace referencia en este por parte del presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez; así como del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas.
Otra de las conclusiones que el colegiado establece es trasladar el presente informe al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al Congreso de los Estados Unidos.
La Comisión Especial encargada de estudiar los hechos del pasado 9 de febrero fue creada en la sesión plenaria ordinaria del 27 de febrero y la integran los diputados: Alberto Romero (ARENA), Schafik Hándal (FMLN), Rodolfo Parker (PDC), René Portillo Cuadra (ARENA), Dina Argueta (FMLN), y Guillermo Gallegos (GANA).
