Diputados excluyen a agricultores y microempresarios en asignación de recursos y con indicios de ilegalidad
A pesar de los constantes intentos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en la búsqueda de acuerdos, con respecto a la aprobación de los $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los diputados de la aprobaron este día una asignación presupuestaria que contraría las necesidades del país y con indicios de ilegalidad.
Los parlamentarios ignoraron la petición hecha por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para la incorporar los $250 millones, o en su defecto los $55 millones necesarios para la respectiva contrapartida del programa FOMILENIO II.
La propuesta del Ejecutivo era la incorporación de $75 millones para las alcaldías del país, $30 millones para el Hospital El Salvador; $20 millones para FOPROMID, $18 millones para financiar la respuesta a la emergencia; $40 millones para los productores agrícolas; $12 millones para pensiones de veteranos y excombatientes; y $55 millones para respaldar los proyectos de inversión de FOMILENIO II.
Pero, ante la negativa de los parlamentarios, el ministro de Hacienda solicitó ayer que se aprobara un dictamen parcial, que contemplara únicamente los $55 millones necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado.
Si embargo, con los votos de Arena, FMLN y el PDC, y con indicios de ilegalidad, los parlamentarios modificaron la propuesta del Gobierno y solamente aprobaron la ratificación de $197.4 millones, donde incluyeron $75 millones para las alcaldías; $55 millones para FOMILENIO II; $52 millones para veteranos; y $15.4 millones para el Hospital El Salvador.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, consideró que la aprobación con 61 votos, para la incorporación de los fondos podría ser declarada inconstitucional, al incluir que deben ser confirmada con mayoría calificada y al haber modificado las asignaciones presentadas por Hacienda.
“Esto es ilegal e inconstitucional, ya que se inventaron una tercera votación que no existe en la Constitución (para la asignación presupuestaria). Están asignando fondos que solo le corresponde al Ministerio de Hacienda, están mandando a la quiebra a FOMILENIO”, sentenció el diputado.
Los parlamentarios han retrasado la asignación de los fondos desde principios de agosto, pese a las recurrentes explicaciones del Ejecutivo y los constantes intentos en la búsqueda de acuerdos.
Además, modificaron las asignaciones de las respectivas partidas presupuestarias, una atribución que constitucionalmente le corresponde al Órgano Ejecutivo, mediante el ramo de Hacienda.
Francisco Merino, diputado por el PCN, también consideró que el decreto carece de ilegalidad por contrariar el decreto 608 al sobrepasar el porcentaje de la asignación presupuestaria para el desarrollo de proyectos.
“En muchas ocasiones hemos fijado posición a favor en cada una de las asignaciones presupuestarias. Discuto lo que queda fuera de la legalidad porque se excede en asignación para veteranos y excombatientes y el tema de los alcaldes que supera el 30%”, manifestó el parlamentario pecenista.
De este modo se ponen en riesgo cerca de 40 proyectos financiados con fondos del gobierno de los Estados Unidos, a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), debido a que hoy vence el referido programa que incluye una contrapartida de $88.2 millones de El Salvador.
