La Fiscalía General de la Republica presentó el martes una acusación penal contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Rafael Hernán Contreras, por presuntamente favorecer al expresidente Tony Saca en las auditorías realizadas del dinero asignado a la presidencia durante su mandato (2004-2009).
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad presentaron el requerimiento en un juzgado de San Salvador para que Contreras sea procesado por el delito de falsedad documental agravada en la modalidad de falsedad ideológica o uso de documentos falsos, que se le atribuye “a la práctica de los exámenes especiales que se practicaron a los gastos reservados de la presidencial del expresidente Saca”.
También pidieron que sea procesado por el delito de incumplimiento de deberes “como autor principal de ese delito. Lo estamos acusando como instigador, pero al mismo tiempo estamos pidiendo la acusación alternativa como autor mediato de ese delito”, dijo uno de los fiscales que, por seguridad, pidieron no ser identificados.
“Es una participación directa la que él (Contreras) tuvo”, agregó.
La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas bajo el mando de Contreras (2002-2011) a la partida de gastos reservados de la presidencia en la administración de Saca y que Contreras entregó de manera expedita “un finiquito” de forma pública exonerando de toda responsabilidad al exmandatario, que en septiembre de 2018 confesó ante un juez que desvió más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.
Según un testigo de la Fiscalía, por orden de Contreras no hubo ejecución ni planeación del examen especial y se violaron todas las normas establecidas por la Ley de la Corte de Cuentas, donde se define el camino a seguir para auditar una institución del Estado.
El tribunal de justicia condenó a diez años de prisión al exmandatario y le ordenó que regrese al Estado 260 millones de dólares.
Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial fueron juzgados por formar parte de la red de corrupción que él habría diseñado. El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse a un juicio ordinario
