La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer nuevos detalles de la resolución en la que fue admitida toda la prueba que se ofreció ante la demanda de carácter civil por Enriquecimiento ilícito, promovida en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, su esposa e hijo.
Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro notificaron a la FGR que, tras el desarrollo de la audiencia preparatoria, se cumplieron los presupuestos legales para la admisión de toda la prueba de tipo documental y pericial aportada en este proceso.
Los demandados Othón Sigfrido Reyes Morales, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández (esposa) y Damián Reyes Rodríguez (hijo), deberán enfrentar la segunda etapa procesal. Es decir, que serán sometidos a la audiencia probatoria, la cual fue programada para el 4 y 5 de febrero del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana.
En la misma resolución, las magistradas aceptaron y rechazaron parte de la prueba ofrecida por los apoderados de los demandados; no se incorporaron un total de 11 documentos y todos los puntos de la pericia, que de forma infundada quisieron adicionar durante la audiencia preparatoria. Las magistradas determinaron que la prueba no admitida fue porque esta no reúne los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia.
“… y carecen de utilidad, ya que lo que se pretende probar con los mismos no son hechos que guardan relación alguna con la pretensión, sino a la interpretación en la que pretende sustentar su argumento la parte demandada …”, consigna literal parte de la resolución.
La FGR promovió la demanda al determinarse que el exparlamentario y sus familiares tuvieron un incremento injustificado en un total de $472,464.04, entre los años 2006 al 2015 cuando él ocupó diferentes cargos en la Asamblea Legislativa.
Los rubros irregulares son en depósitos bancarios, inversiones por compra de inmuebles y vehículos. También por cobro excesivo de viáticos en viajes realizados.
La demanda se originó a partir del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que encontró ocho irregularidades en el patrimonio de Reyes y su familia.
