Las diputadas Yanci Urbina y Anabel Belloso (FMLN) anunciaron la presentación de una pieza de correspondencia que contiene la propuesta de una nueva ley transitoria que permita diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, que de ser avalada por el Pleno Legislativo se aplicaría a las facturas de los meses de junio, julio y agosto del corriente año.
De acuerdo a las promotoras estas mociones, esos pagos diferidos se cancelarían en un período de hasta veinticuatro meses, en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado, en adición al cargo normal de la factura del respectivo mes; el valor de la factura por los servicios que se difiere su pago no deberán sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses u otra penalidad, de tal forma, que únicamente es el valor del servicio pendiente el que se traslada en pagos parciales, indica la pieza de correspondencia.
Se excluiría de la aplicación del presente decreto el pago de las tasas municipales cargadas en la factura del servicio de energía eléctrica. Los beneficiarios serían las personas naturales o jurídicas y municipalidades que hayan experimentado una disminución de sus ingresos directamente por los cierres parciales o totales que gradualmente se han establecido como medidas para contener la entrada y expansión del coronavirus (COVID-19).
Mocionan incentivos fiscales para auxiliar a medianos y pequeños empresarios (MYPES)
El diputado Leonardo Bonilla (No Partidario), junto a representantes del Sindicato de Trabajadores la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO), presentó una pieza de correspondencia que contiene una propuesta para reactivar el 90% del parque empresarial en El Salvador, que representa a medianos y pequeños empresarios (MYPES), emprendedores y trabajadores por cuenta propia.
De acuerdo al documento, la población económicamente activa en el país se concentra principalmente en la economía informal y aproximadamente en un 60% ha sido altamente golpeada por la crisis generada por el COVID-19; ante ello, se proponen cinco soluciones: Incentivos fiscales, Creación del Instituto de Abastecimiento de Alimentos y Productos Agrícolas de El Salvador, Aumentar el porcentaje de compras de las instituciones del Estado a las MYPES y castigar la violación al pronto pago e impulsar un Programa Nacional de Bancarización y Créditos flexibles.
